El Nuevo Día- Viernes, 5 de enero de 2024
Luego de lograr acceso a la grabación de la vista de Regla 6 contra el presunto feminicida Víctor Ramos Rivera, ayer El Nuevo Día hizo públicas expresiones de Karla Rodríguez Ares que confirman el maltrato que sufrió por su expareja, lo que nos presenta algunas de las barreras más comunes que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género en el país: la falta de sensibilidad y de credibilidad a la que están expuestas.
A pesar de la gravedad señalada, parece existir un patrón de impunidad por los actos de violencia contra las mujeres, quienes lo perciben como un obstáculo para acceder a la justicia, a la protección de sus vidas y al resarcimiento de sus derechos vulnerados.
Las mujeres que solicitan órdenes de protección suelen hacerlo en situaciones de crisis, posteriores a un ataque violento dentro de un proceso coercitivo y violento que las va desgastando emocionalmente. Además, las debilita física y económicamente. Ellas se encuentran “vulnerabilizadas” por su agresor y muchas veces en shock. Sus declaraciones tienden a estar cargadas de angustia, miedo. Por ello, suelen expresarse entre lágrimas o en forma apática y sin entender el riesgo en el que han estado y se encuentran.
La actitud judicial de apoyo a la víctima se expresa a través de escuchar empáticamente a la mujer sobreviviente, hacerle preguntas, mirarla a los ojos, reconocer las complejas circunstancias en las que se encuentran ella y sus hijos, y las difíciles elecciones que tendrá que hacer. La respuesta judicial es uno de los factores de mayor importancia para que las mujeres desistan del proceso de un caso de violencia machista o se mantengan hasta finalizar el mismo. Necesitamos respuestas judiciales que faciliten el empoderamiento de las mujeres que sufren violencia de género para que puedan salir de esa situación.
Resulta fundamental priorizar la seguridad de las mujeres y sus hijos, a través de la capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales, muchos de los cuales sufren fatiga laboral. Este asunto es precisamente otro elemento que debe ser atendido con urgencia por la rama judicial. Actuar con seriedad ante la violencia sufrida por las mujeres implica creer en sus palabras y responder procurando consecuencias, señalando con hechos y palabras que el tribunal no tolerará la violencia de género. La rama judicial de Puerto Rico debe demostrar de manera clara a través de sus funcionarios judiciales, por medio de palabras y acciones, que el tribunal no tolerará la violencia de género.
Hoy, sin embargo, la burocracia se ha convertido en el peor enemigo de la democracia y la justicia. Pese a los avances de los movimientos de activismo por los derechos de las mujeres y su incidencia en el discurso público respecto a la violencia de género, persiste en las estructuras de poder político una cultura machista que impide su erradicación. En ese contexto, la normalización de la violencia contra la mujer por parte de las estructuras de poder y la falta de voluntad política sólo contribuyen a seguir legitimando y perpetuando la violencia de género.